El hecho de que Clara Campoamor defendiera el sufragismo femenino y de que Victoria Kent se opusiera provocó muchas burlas. Azaña describió la sesión "como ...
La mujer, ayer y hoy
A partir del 30 de septiembre de 1931, las Cortes españolas de la
Segunda República iniciaban el debate del artículo 34 -luego sería el 36
del texto constitucional- que contenía el entonces polémico tema del
derecho del voto para la mujer. Con cierto retraso se discutía en España
el posibilitar a la mujer el inicio de su emancipación a partir del
ejercicio de la libertad política. En aquellas discusiones, la cámara
reconocía para la mujer aquello que, desde los ideales y conquistas de
la revolución francesa, era patrimonio de los hombres y constituía en el
orden político la gran batalla de la modernidad: el sufragio universal
como verdadero legitimador de toda soberanía y todo poder así como la
base del orden democrático desde la libertad del individuo -hombre o
mujer- al que se le reconoce capacidad para ordenar los límites de su
propia naturaleza.La victoria de las tesis feministas-sufragistas fue
posible gracias al protagonismo y tenacidad de Clara Campoamor, que
frente a su propio partido -el radical- asumió la defensa de la mujer,
cuya situación cultural se refleja en una angustiosa cifra: el 71% de la
población femenina era analfabeta. Si bien todos los grupos políticos
inspirados en los principios democráticos y liberales reconocían la
igualdad entre sexos, a la hora de su aplicación se temía que el voto
femenino se dirigiera a las organizaciones más conservadoras e
imposibilitaran la propia existencia de la república. Lo cierto es que
como en toda reforma electoral lo que está presente es la posible
ganancia o pérdida que a cada grupo político pueda reportar.
El triunfo ciudadano que supuso la equiparación de derechos electorales fue completándose con modificaciones de los principios napoleónicos inspiradores de los códigos, con medidas y acciones sanitarias y con el inicio de una nueva y más abierta política cultural y educativa. Como consecuencia de todo ello los movimientos organizados de mujeres crecieron, ocurriendo que las organizaciones más conservadoras -que se correspondían con la mayoría de las mujeres- se vieron desbordadas. Al darse cuenta la mujer de los cambios y al querer participar en ellos se va perdiendo el carácter elitista de los primeros movimientos feministas. La mujer deja de ser un elemento pasivo en la vida del país, los partidos se dan cuenta de su existencia política y por tanto de la necesidad de tenerlas en cuenta. Creo, sin embargo, que es muy simplista la interpretación de los triunfos electorales de 1933, y en otro sentido, de 1936, gracias al voto femenino. La condición de la mujer, su entorno, su decisión, no puede nunca separarse de su condición humana al margen de su diferenciación biológica. Son factores políticos, económicos, sociales v culturales los determinantes de la dirección general del voto. En aquel momento, la mujer simplemente iniciaba el camino de salida de su secular marginación sin ser protagonista cualificada de los triunfos de unos y otros.
El hoy
En nuestro hoy político, la conmemoración del cincuentenario de la concesión del voto a la mujer me obliga a hacer unas reflexiones por encima de mi condición de miembro de un partido, de un Parlamento y de un Gobierno concreto. Tras el paréntesis-túnel de nuestro último período histórico, la aprobación de la Constitución democrática de 1978 sienta los principios de la equiparación legal y social. A partir de ese momento se ha realizado un importante esfuerzo en las reformas legislativas para hacer realidad el principio de igualdad de todos ante la ley: el principio genérico de equiparación con los preceptos de protección a cada derecho desde la figura del defensor del pueblo hasta la ley Orgánica del Tribunal Constitucional; la legislación laboral que establece la igualdad entre sexos en oportunidades, salarios y ascensos, y la reforma del Código Civil en materia de familia, son realidades concretas y equiparadoras tanto en la nueva concepción democrática de la organización familiar como en la salida de la mujer al mundo de lo público a través del trabajo. Sin embargo, los logros obtenidos contrastan con lo efectuado en otras áreas. Se sigue sufriendo los embates de la discriminación por la falta de eficaces políticas en el terreno de la planificación familiar, en la calidad sexista de los libros de texto: en el acceso a la formación profesional y en los servicios sociales precisos para poder compaginar la vida de trabajo y la vida de familia.
En este marco la mujer española, en libertad y en un régimen democrático, sigue luchando por sus derechos, aunque el camino le esté resultando más difícil de lo que creyó en el arranque ilusionado del nuevo sistema. En realidad, la libertad e igualdad democrática en la letra de la ley no se ha traducido en el orden social en el cambio de hábitos culturales o al menos no en la medida deseada. La sociedad acepta muy lentamente y con criterios masculinos los principios equiparadores marcados en la ley.
Paralelamente la vertebración de la sociedad en torno a organizaciones ciudadanas que defienden intereses específicos de las mujeres atraviesa por un momento delicado; de un lado, se constata falta de unidad y de objetivos claramente planificados en el movimiento pro liberación de la mujer, y de otro, un auge creciente de grupos conservadores cuyos intereses distan con mucho de los objetivos reales de independencia de la mujer. Con todo, no parece imposible, después de pasadas experiencias, llegar a un programa de mínimos, apoyado por diferentes grupos que cubrieran ampliamente el espectro ideológico, siempre y cuando los partidos políticos -todos-, las organizaciones ciudadanas y la Administración establecieran tras las sonrisas complacientes ante lo femenino, una verdadera voluntad de acción en la eleccion de sus prioridades que hiciera imposible e innecesario la existencia de principios de discriminación positiva y de cualquier acción específica «a favor» de la población femenina. En aquel momento, la verdadera equiparacíón se habría conseguido y a través de la igualdad de oportunidades el sexo únícamente tendría una diferencia: la biológica.
Para conseguir alcanzar esa utopía es obvio que el sistema democrático debe consolidarse y el voto femenino -independientemente de su adscripción partidista- con su participaciór, hará que el fantasma de la abstención no favorezca a aquellos que sueñan volver a antiguos sistemas.
Y ejercido el derecho al sufragio, finalmente, la utopía sería posible si aquéllos que luchan por la libertad hacen de la emancipación femenina parte de su combate.
El triunfo ciudadano que supuso la equiparación de derechos electorales fue completándose con modificaciones de los principios napoleónicos inspiradores de los códigos, con medidas y acciones sanitarias y con el inicio de una nueva y más abierta política cultural y educativa. Como consecuencia de todo ello los movimientos organizados de mujeres crecieron, ocurriendo que las organizaciones más conservadoras -que se correspondían con la mayoría de las mujeres- se vieron desbordadas. Al darse cuenta la mujer de los cambios y al querer participar en ellos se va perdiendo el carácter elitista de los primeros movimientos feministas. La mujer deja de ser un elemento pasivo en la vida del país, los partidos se dan cuenta de su existencia política y por tanto de la necesidad de tenerlas en cuenta. Creo, sin embargo, que es muy simplista la interpretación de los triunfos electorales de 1933, y en otro sentido, de 1936, gracias al voto femenino. La condición de la mujer, su entorno, su decisión, no puede nunca separarse de su condición humana al margen de su diferenciación biológica. Son factores políticos, económicos, sociales v culturales los determinantes de la dirección general del voto. En aquel momento, la mujer simplemente iniciaba el camino de salida de su secular marginación sin ser protagonista cualificada de los triunfos de unos y otros.
El hoy
En nuestro hoy político, la conmemoración del cincuentenario de la concesión del voto a la mujer me obliga a hacer unas reflexiones por encima de mi condición de miembro de un partido, de un Parlamento y de un Gobierno concreto. Tras el paréntesis-túnel de nuestro último período histórico, la aprobación de la Constitución democrática de 1978 sienta los principios de la equiparación legal y social. A partir de ese momento se ha realizado un importante esfuerzo en las reformas legislativas para hacer realidad el principio de igualdad de todos ante la ley: el principio genérico de equiparación con los preceptos de protección a cada derecho desde la figura del defensor del pueblo hasta la ley Orgánica del Tribunal Constitucional; la legislación laboral que establece la igualdad entre sexos en oportunidades, salarios y ascensos, y la reforma del Código Civil en materia de familia, son realidades concretas y equiparadoras tanto en la nueva concepción democrática de la organización familiar como en la salida de la mujer al mundo de lo público a través del trabajo. Sin embargo, los logros obtenidos contrastan con lo efectuado en otras áreas. Se sigue sufriendo los embates de la discriminación por la falta de eficaces políticas en el terreno de la planificación familiar, en la calidad sexista de los libros de texto: en el acceso a la formación profesional y en los servicios sociales precisos para poder compaginar la vida de trabajo y la vida de familia.
En este marco la mujer española, en libertad y en un régimen democrático, sigue luchando por sus derechos, aunque el camino le esté resultando más difícil de lo que creyó en el arranque ilusionado del nuevo sistema. En realidad, la libertad e igualdad democrática en la letra de la ley no se ha traducido en el orden social en el cambio de hábitos culturales o al menos no en la medida deseada. La sociedad acepta muy lentamente y con criterios masculinos los principios equiparadores marcados en la ley.
Paralelamente la vertebración de la sociedad en torno a organizaciones ciudadanas que defienden intereses específicos de las mujeres atraviesa por un momento delicado; de un lado, se constata falta de unidad y de objetivos claramente planificados en el movimiento pro liberación de la mujer, y de otro, un auge creciente de grupos conservadores cuyos intereses distan con mucho de los objetivos reales de independencia de la mujer. Con todo, no parece imposible, después de pasadas experiencias, llegar a un programa de mínimos, apoyado por diferentes grupos que cubrieran ampliamente el espectro ideológico, siempre y cuando los partidos políticos -todos-, las organizaciones ciudadanas y la Administración establecieran tras las sonrisas complacientes ante lo femenino, una verdadera voluntad de acción en la eleccion de sus prioridades que hiciera imposible e innecesario la existencia de principios de discriminación positiva y de cualquier acción específica «a favor» de la población femenina. En aquel momento, la verdadera equiparacíón se habría conseguido y a través de la igualdad de oportunidades el sexo únícamente tendría una diferencia: la biológica.
Para conseguir alcanzar esa utopía es obvio que el sistema democrático debe consolidarse y el voto femenino -independientemente de su adscripción partidista- con su participaciór, hará que el fantasma de la abstención no favorezca a aquellos que sueñan volver a antiguos sistemas.
Y ejercido el derecho al sufragio, finalmente, la utopía sería posible si aquéllos que luchan por la libertad hacen de la emancipación femenina parte de su combate.
Carmela García Moreno es diputada de UCD al Congreso por Madrid.
Puerto de la Cruz, a 27 de enero de 2016
(Escribidor Amateur)
Miguel Ariza Cabello)
Puerto de la Cruz, a 27 de enero de 2016
(Escribidor Amateur)
Miguel Ariza Cabello)
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