“Sabíais a dónde veníais, a un cuerpo donde nadie se
va a hacer rico y en el que realizáis muchas horas de servicio”. El
discurso oficial dejó entrever el mensaje: al que no le guste, ya sabe
dónde está la puerta. Basta ya de quejas. Las palabras del director
general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, pronunciadas el
15 de mayo en los actos del 171º aniversario del nacimiento de la
Benemérita, retratan a la perfección la guerra interna que se ha
desatado desde hace meses entre el binomio de poder que forman la
dirección política del Cuerpo (representada por Fernández de Mesa, amigo
personal de Rajoy) y el influyente generalato contra la principal
asociación que hay en la institución (en la Guardia Civil no hay
sindicatos), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (la AUGC), que
defiende los derechos laborales de más de 31.000 agentes (el 38% de la
plantilla).
La Guardia Civil es un cuerpo policial muy peculiar. En
realidad, es un Estado dentro del Estado. Tiene su propia justicia, su
propia sanidad, incluso su propia gestión económica. Sus 78.132
efectivos disponibles (datos de 30 de abril), el 6,6% de ellos mujeres,
cubren el 85% del territorio nacional (hay 2.392 cuarteles) y se
reparten en 25 especialidades.
La Guardia Civil controla y vigila las carreteras, los
puertos, los aeropuertos, las fronteras terrestres y marítimas, tiene un
servicio de protección de la naturaleza, lucha contra el tráfico de
obras de arte o de seres humanos, combate la delincuencia organizada y
la económica, persigue a terroristas, tiene uno de los servicios de
información más avanzados de Europa y es capaz, por ejemplo, de
infiltrarse en Senegal y balizar el barco de un narcotraficante.
De carácter militar, su férreo régimen disciplinario
convierte la Benemérita en una de las policías europeas con más tasa de
suicidios y bajas psicológicas. No se permite la crítica y rige el
ordeno y mando. Una estructura conservadora que ha sobrevivido a
monarquías, repúblicas, dictaduras y transiciones democráticas. Que ha
participado en golpes de Estado y en aparatos clandestinos de terrorismo
de Estado. Y que también ha sabido convivir con todos los partidos
políticos que han llegado al poder. Una estructura tan cerrada y opaca
que apenas ha sido horadada por los Gobiernos de turno.
Mandan los generales
“En la Guardia Civil mandan los generales”. Es el axioma
del Cuerpo. Una estructura impenetrable. Tanto, que desde el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea han llegado condenas al Gobierno español
por no adaptar la jornada laboral de los guardias civiles a la normativa
europea (en lo relativo a horas extra y tiempos de descanso) y por no
aplicar la normativa de riesgos laborales (de momento solo se han
evaluado los riesgos laborales en el 9% de los puestos de trabajo). El
Tribunal Constitucional tendrá que dirimir ahora sobre el derecho de
lactancia materna dentro del Cuerpo, tras la denuncia de una agente
destinada en Huesca, un caso que ha supuesto la apertura de un
expediente a la Secretaría de la Mujer de la AUGC.
“Todo esto no sale en la prensa. Solo se vende que según el
CIS la Guardia Civil es una de las instituciones mejor valoradas por
los españoles, pero eso es solo la fachada, hay que estar dentro del
edificio. Los guardias son baratos, eficaces y obedientes, pero somos
ciudadanos de segunda. Podemos ser los más valorados, pero somos los que
menos derechos tenemos”, señala un miembro de una asociación que
prefiere no dar su nombre por miedo a represalias.
La sociedad evoluciona, la Guardia Civil no, concluye esta
fuente. La gota que ha colmado el vaso ha sido la decisión del director
general de expedientar a todos los vocales de la AUGC que decidieron no
comparecer en la reunión del Consejo de la Guardia Civil celebrada en
marzo, un órgano que reúne a la dirección de la Benemérita con los
representantes de los guardias y que sirve, según los más críticos, para
conocer la opinión de las asociaciones y, una vez conocida, plasmarla
en un acta oficial que luego servirá de papel higiénico en los inodoros
de la planta noble que utilizan los generales.
Los vocales de la AUGC protestaban porque hoy, en la
Guardia Civil, se siguen castigando las infracciones administrativas de
los agentes con una temporada a la sombra en un penal militar. Uno de
los últimos casos ha sido el de Sergio, un guardia que en enero de este
año ingresó en Alcalá Meco para cumplir cuatro meses de internamiento
porque en 2006 discutió con su sargento. La riña acabó con un “maricón,
no tienes huevos, lo que me tengas que decir me lo dices a la cara”.
Nueve años de recursos y peticiones de indulto no concedidas llevaron a
Sergio a prisión, acompañado hasta la puerta de la cárcel por su mujer y
su hija de dos años, en un acto que varios de sus compañeros
convirtieron en un gesto reivindicativo.
En la Guardia Civil se aplica el Código Penal Militar, erróneamente en la mayoría de las veces según la AUGC, ya que la
Ley Orgánica 11/2007 especifica
que un agente debe ser juzgado por este código cuando está realizando
funciones militares o está adscrito a alguna unidad militar, supuestos
que no se dan en la mayoría de los casos.
60 expedientes
La AUGC es la asociación que más se ha significado en la
defensa de los derechos laborales de los guardias. Es la mayoritaria en
el cuerpo. Fernández de Mesa, apodado El Cuco, tiene especial
inquina por los representantes de esta asociación. Les ha abierto más de
60 expedientes en lo que llevamos de legislatura. Juan Antonio Delgado,
18 años en la AUGC, ha sido hasta hace unas semanas el portavoz de la
asociación. Diez expedientes sancionadores avalan su trabajo.
Actualmente tiene dos en curso (uno de ellos por no acudir al Consejo de
marzo) y espera un tercero por acudir, pero levantarse e irse en mitad
de la reunión, en otro consejo celebrado en julio. En 2007 le cayeron
seis meses de suspensión de empleo y sueldo por encabezar, en enero de
aquel año, la primera manifestación de guardias civiles vestidos de
uniforme.
Delgado tuvo otro expediente grave en octubre de 2003,
cuando una patera naufragó en aguas de Rota (Cádiz) y dejó 37
inmigrantes muertos. El guardia gaditano declaró públicamente que los
protocolos habían fallado y que la catástrofe se pudo haber evitado con
otros medios. La Guardia Civil tenía sus dos embarcaciones estropeadas y
los dos únicos agentes del retén del Servicio Marítimo de Cádiz habían
recibido ese día la orden de patrullar en tierra, más concretamente en
la sierra. Su expediente fue archivado después de que la investigación
oficial revelara que Delgado no mintió.
En Cádiz, los expedientes caen como churros. El secretario
general de la AUGC en la provincia, José Encinas García, acaba de ser
condenado a diez días de empleo y sueldo por hablar públicamente de las
prebendas de los generales, a los que el Cuerpo paga hasta “el
detergente de sus lavadoras”. Y recientemente el Supremo ha tenido que
avalar a un cabo destinado en Cádiz que había sido suspendido con seis
meses de empleo y sueldo y la pérdida de destino por presidir una ONG
antidroga en Chipiona. El Alto Tribunal dejó sin efecto la sanción y
ordenó que le sea borrada de su hoja de servicios.
En una estrategia de venganza sin precedentes, la Guardia
Civil hizo público hace unos días que abría una información reservada
(una investigación) al agente Delgado después de conocer que se
integrará en la lista de Pablo Iglesias para las generales. Un guardia
‘podemita’ es demasiado para los generales. La Benemérita quiere saber
si Delgado ha participado en la elaboración del programa electoral de
Podemos en materia de seguridad ciudadana, lo que iría en contra del
deber de neutralidad e imparcialidad que la ley impone a los guardias
civiles. Lo extraño de esta decisión es que nunca se hace pública la
apertura de una investigación (en este caso sí, con nota de prensa
incluida), y que otros agentes que han dado el paso a la política no han
merecido una atención tan especial por parte de la dirección del
Cuerpo. La revista Interviú, por ejemplo, publicó que en los
últimos comicios municipales de mayo de 2015 un coronel se presentó en
la candidatura de Ahora Almería. No pasó nada.
Una institución clasista
La Guardia Civil no es solo una institución jerarquizada,
muy disciplinada y férrea, poco amiga de los cambios; también es un
Cuerpo muy clasista. Distingue entre oficiales de “sangre azul” y
oficiales “pies negros”. Los primeros, llamados ESO, son los únicos que
pueden llegar a ser generales ya que se forman en academias del
Ejército. Los segundos, los EO, proceden de la escala básica, solo pasan
por academias de la Benemérita y, como mucho, podrán llegar a teniente
coronel. Unos y otros se miran con desdén, y todos ellos miran por
encima del hombro a suboficiales y agentes rasos. Hay 3.200 mandos y
6.500 suboficiales.
La lucha de clases llega a veces a los tribunales. La Unión
de Oficiales (UO), la asociación que más oficiales aglutina (tiene
1.200 afiliados), denunció el ‘apartheid normativo’ que supuso
la creación de un centro universitario en la Academia de Oficiales de
Aranjuez. El Gobierno lo aprobó por un real decreto asegurando que sería
un centro de formación para todos los oficiales, sin exclusión. La
presión de los generales consiguió en cambio que sólo accedan al centro
los oficiales ESO, los ‘sangre azul’, dejando fuera a los oficiales EO,
los ‘pies negros’.
“Lo que en un principio iba a ser un centro de formación
para todos los oficiales e incluso donde los suboficiales pudiesen
realizar cursos para futuros ascensos, se ha convertido en un
chiringuito de uso exclusivo para la Escala Superior”, señalan desde la
UO, que llevó el tema al Tribunal Supremo. Este archivó la denuncia,
pero a partir de 2017, cuando las dos escalas de oficiales se fusionen,
el centro se abrirá también para los ‘pies negros’.
Desde 1994 la Ley de Personal del Cuerpo equipara a los
oficiales ESO como licenciados y a los oficiales EO como diplomados, a
pesar de que un capitán, ya sea de academia del Ejército (ESO) o de
promoción interna (EO), tiene las mismas funciones y el mismo sueldo. La
situación cambia con el Plan Bolonia, que ha obligado a modificar la
Ley de Personal de la Guardia Civil y que ha provocado nuevas polémicas.
En 2017 todos los oficiales serán iguales, no habrá distinciones entre
ESO y EO, pero para integrarse en esta nueva escala los EO tienen que
aprobar un curso adicional de 60 créditos que los ESO no tienen que
hacer. Más discriminación. Más lucha de clases. “Una vergüenza y una
humillación”, señalan en la Unión de Oficiales.
Por encima de todos los oficiales destacan los generales.
Nunca había habido tantos en la Guardia Civil. En el año 2003, antes de
que Zapatero llegara al poder, había 17. Hoy, doce años después, hay 37,
cuatro de ellos tenientes generales (general de tres estrellas), un
rango que nunca había existido en la Benemérita con el objeto de
mantenerla protocolaria y operativamente por debajo del Ejército y que
el Gobierno socialista creó en julio de 2007 para tener contento al
generalato y evitar así el siempre dañino y molesto ‘ruido de sables’.
La actual reivindicación de la cúpula va todavía más lejos: conseguir
que un general del Cuerpo alcance las cuatro estrellas (que solo
ostentan unos pocos generales de las Fuerzas Armadas).
Los generales tienen coche oficial, chófer, vivienda gratis
y disfrutan de todo tipo de prebendas. El resto de agentes que viven en
una casa oficial de la Guardia Civil deben pagar de su bolsillo la luz,
el agua y el gas. Así lo refleja una orden general interna del cuerpo.
Los generales, en cambio, no pagan nada, ni siquiera la limpieza de sus
residencias. Una prerrogativa que supuso por parte de la Unión de
Oficiales una querella por malversación de fondos públicos. Fue
archivada.
Desmilitarización
Uno de los campos de batalla de la AUGC es la
desmilitarización, acabar con el ADN militar de la Benemérita, incluso
fusionarla con la Policía Nacional. Lejos de esta reivindicación, el
Congreso de los Diputados, con los votos del PP, aprobó en junio que el
Código Penal Militar se siga aplicando a la Guardia Civil, incluso en
las relaciones laborales corrientes. El Código Penal Militar es una
norma de 1985 e impide, por ejemplo, suspender una pena de prisión
aunque la condena sea mínima (tres meses) y el condenado lo sea por
primera vez. Añádase a este despropósito la denegación del indulto, lo
que deja en inferioridad de condiciones a un guardia respecto a otro
ciudadano que tenga otra profesión y haya cometido un delito.
Muchos coinciden dentro del Cuerpo en relacionar esa férrea
disciplina, ese carácter militar, con la alta tasa de suicidios y bajas
psicológicas que asuelan a la Benemérita. Las estadísticas oficiales
revelan que desde 1982 se suicidan una media de 14 agentes cada año (447
muertes en total), cifra que podría haber sido mayor porque en ese
mismo periodo hubo otros 401 guardias que lo intentaron. En 2005, la
Benemérita puso en marcha el II Plan de Prevención de Conductas Suicidas
y dotó a la institución de un buen número de psicólogos y facultativos.
Desde 2005 hasta el primer trimestre de 2014 (últimos datos), se han
contabilizado 116 suicidios y 52 intentos. Estamos hablando de un
suicidio al mes, la gran mayoría en la escala de guardias y cabos.
La AUGC ha hecho un estudio tras hablar con 1.084 agentes.
Este reveló que el 26% de los entrevistados había pensado alguna vez en
suicidarse. De este 26%, el 21% lo había planificado, aunque solo el 4%
lo había intentado.
Las bajas psicológicas también están a la orden del día en
la Guardia Civil. Los datos oficiales, los remitidos en respuesta
parlamentaria al diputado de IU Ricardo Sixto, señalan que entre 2005 y
2012 hubo 17.223 bajas psicológicas. Otra respuesta parlamentaria habla
de 1.280 “bajas médicas de origen psíquico” en el año 2013, una media de
3,5 cada día. Tanto los suicidios como las bajas psicológicas son tabú
dentro del Cuerpo. Hay poca información y falta de transparencia. En
cuanto al acoso laboral y sexual, la Guardia Civil no adaptó al Cuerpo
el protocolo que rige para estos casos en la Administración del Estado
hasta el año 2011. En otra respuesta parlamentaria, la Benemérita solo
reconoce tres casos de acoso en los dos últimos años.
Es evidente que algo falla. El Índice de Días Perdidos por
Funcionario (DPF) es el doble en la Guardia Civil que, por ejemplo, en
la Policía Nacional: 21,66 días en el primer Cuerpo por 11,71 en el
segundo (datos de 2013). Este índice indica el promedio de días que cada
funcionario no ha estado en condiciones de acudir al trabajo, ya sea
por baja médica, absentismo sin justificar o días que se pueden coger
para asuntos propios. La media del resto de la Administración central no
llega a 5. No es de extrañar que otra encuesta de la AUGC (la
asociación es muy activa, para desesperación de los generales) revelase
que el 75% de los 1.300 agentes encuestados aceptaría pasarse a la
Policía Nacional si tuviera oportunidad. ¿Los dos principales motivos?
El régimen disciplinario y el carácter militar del Cuerpo.
Sueldos y jornada laboral
“Sabíais adónde veníais, a un
cuerpo donde nadie se va a hacer rico y en el que realizáis muchas horas
de servicio”. Las palabras del director general retumbaron en los oídos
de los miles de guardias que ya saben que su jornada laboral y su
sueldo son inferiores al de sus compañeros de la Policía Nacional.
Mientras que un guardia cobra de media 1.410 euros brutos al mes y tiene
una jornada laboral media de 154 horas mensuales, un policía percibe
1.575 euros y curra 144 horas. Además, en la Benemérita no existe
compensación económica por el trabajo a turnos (en la Policía es de 98
euros), y la productividad mensual es inferior a la de la Policía, 70
euros frente a 87 euros.
Otra asociación, la Unión de Guardias Civiles (UGC), con
dos vocales en el Consejo, se ha mostrado muy crítica con la negociación
de la nueva jornada laboral: “Aunque se ha conseguido por primera vez
cierta compensación por trabajar días festivos y por jornadas nocturnas,
nos recortan los días de vacaciones. Sin olvidar la productividad por
destino. A un oficial le pagan el 100% de unos 600 euros mientras que a
un guardia como mucho un 19% de 400 euros. El dinero siempre va para los
mismos, los mandos”.
Lo que parece cada vez más claro es que con el PP se ha
agrandado aún más la brecha que existe entre la dirección del cuerpo,
aliada de los altos mandos, y los guardias de base. Esta guerra se ha
trasladado a los medios de comunicación. Todo lo que ocurre dentro de
las paredes de los cuarteles y que Arsenio Fernández de Mesa no quiere
que se conozca, tarde o temprano, sale a la luz pública. Así, todos
conocemos que Antonio Tejero Díez, hijo del famoso teniente coronel
Tejero, organizó en febrero de 2014 una paella a la que acudió su padre
en la sede de su unidad, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) número 1
de Valdemoro, los antidisturbios de la Benemérita. También que el jefe
de la Comandancia de Toledo ha iniciado una particular cruzada para que
todos sus agentes le saluden “a la orden mi…” cuando se cruzan con él en
la calle o en cualquier establecimiento público. Que un agente de la
DGT destinado en Salamanca sufre acoso laboral porque multó a un amigo
de su capitán. Que la Guardia Civil ha construido un nuevo cuartel en
Fitero (Navarra), la localidad donde casualmente nació el padre del
ministro del Interior y veranea su familia, a pesar de que había ya
otros cuarteles a 6 y 9 kilómetros del pueblo. Que un sargento destinado
en el municipio aragonés de Sos del Rey Católico (donde nació Fernando
el Católico) tuvo que hacer de guía turístico a dos generales que
visitaron el pueblo. Que tres altos mandos del Cuerpo en Cataluña
utilizan coches de alta gama decomisados a narcotraficantes para su uso
personal. O que en mayo de 2015 los 123 cuarteles que hay en Aragón
carecían de conexión a Internet y los agentes tenían que usar sus
propios móviles para hacer búsquedas relacionadas con su trabajo.
Amigo de Rajoy, y de Cristo Rey
Que todo esto se conozca irrita sobremanera a Arsenio
Fernández de Mesa, ya famoso por pronunciar aquellas proféticas palabras
cuando era delegado del Gobierno en Galicia: “Salen unos hilillos de
plastilina del Prestige”. No solo se lleva mal con la AUGC, también
tiene poco feeling con otras asociaciones presentes en el
Consejo, como la Unión de Oficiales (UO). “Nuestra relación es tensa”,
explican. La dirección ha abierto dos expedientes por falta grave al
vicepresidente de la UO, “y nosotros hemos respondido con una querella
penal contra el jefe de la Comandancia de Huesca, donde está destinado
nuestro vicepresidente, por obstaculizar el ejercicio de derechos
civiles. La Unión de Guardias Civiles (UGC) también espera en breve su
primer expediente. “Ya nos lo han comunicado. Tenemos muchos
encontronazos con la dirección, sobre todo con el generalato que no
quiere que nada cambie”.
Elegido para el cargo por su gran amistad con Rajoy, a
Fernández de Mesa también le apodan “el jardinero”. Gallego, como el
presidente del Gobierno, lleva desde los 28 años (acaba de cumplir los
60) enlazando un cargo público tras otro. En su currículo se presenta
como “funcionario del Estado”, “inspector técnico de la multinacional
inglesa International Marine Coatings LTD”, y enumera cuatro
diplomaturas, entre ellas, la de “diplomado en Altos Estudios
Militares”.
En realidad, su plaza de funcionario es
de auxiliar de jardinería,
la multinacional inglesa es una empresa de pintura para barcos y sus
“diplomaturas” son unos cursos del Ministerio de Defensa para diputados y
senadores, no una titulación universitaria. Su brillante hoja de
servicios la completó el diario
Público, cuando reveló este año
que Fernández de Mesa patrulló durante su juventud en El Ferrol (su
ciudad natal) con grupos falangistas que se dedicaban a pegar palizas a
demócratas, sindicalistas y curas rojos. Se les conocía como “los
cadeneros”, pues acostumbraban a utilizar cadenas de bicicleta como
arma, aunque en realidad eran guerrilleros de Cristo Rey. Ya lo dijo
Fernández de Mesa hace unos días en su discurso oficial: “Sabíais adónde
veníais”.
