Madrid, Europa
Press
eldia.es
La supresión de tasas se incluye en el
Decreto de Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y de orden
social. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de
Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que desde la creación de las tasas en
2002 por el PP, éstas se han ido ajustando y, en alusión a la reforma de este
viernes, ha dicho que se trata de una "mejora".
Esta medida, que ya fue anunciada por el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el Debate sobre el estado de la
Nación, es una propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y persigue el
objetivo de que "ningún ciudadano deje de acudir a la Justicia por motivos
económicos" y que la Justicia "esté al alcance de todos, garantizando
la tutela judicial efectiva.
Eso sí, se mantienen las tasas para
personas jurídicas, es decir, para empresas. Preguntado en concreto sobre las
pequeñas y medianas empresas, el ministro ha recordado que ya están exentas de
pagarlas hasta los 2.000 euros.
PROPUESTA DE CATALÁ
Al suceder a Gallardón al frente del
Ministerio de Justicia el pasado mes de septiembre, el nuevo ministro, Rafael
Catalá, anunció que las tasas volverían a revisarse y ya tiene casi ultimada la
propuesta que va piensa elevar en breve al Consejo de Ministros. Eso sí, tiene
que recibir el visto bueno también del Ministerio de Hacienda ya que podría
suponer merma de ingresos para las arcas públicas.
Rafael Catalá ha preparado esta
modificación que beneficia a las personas físicas afectadas por esta tasa y que
se acerca a las reivindicaciones que plantearon sectores profesionales a raíz
de la propuesta impulsada por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.
La Ley de Tasas en la Administración de
Justicia se aprobó en noviembre de 2012 y apenas tres meses después y tras un
informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo, se sometió una primera
modificación para rebajar ciertas cuantías y exonerar directamente del pago de
las mismas determinados trámites como separaciones y divorcios de mutuo
acuerdo.
OPOSICIÓN A LA REFORMA
Sin embargo, varios sectores
profesionales, con el Consejo General de la Abogacía a la cabeza, expresaron su
oposición a la reforma porque no modificaba la cuantía fija de las tasas (hasta
1.200 euros), ni la aplicación de la cuantía variable en relación a la
capacidad económica real de los ciudadanos, que tienen que abonar hasta 2.800
euros por un recurso de apelación civil o hasta 3.200 euros por una casación
ante el Tribunal Supremo, además de mantener la inclusión de las personas
físicas en este tributo.
Al suceder a Gallardón al frente del
Ministerio de Justicia el pasado mes de septiembre, el nuevo ministro, Rafael
Catalá, anunció que las tasas volverían a revisarse.
Su propuesta, que este viernes ha
elevado al Consejo de Ministros, es coherente con la posición que Catalá
mantuvo en 2003 cuando era secretario de Estado de Justicia (con José Michavila
como ministro) al defender las tasas judiciales pero no para las personas
físicas, sino únicamente para las jurídicas (sociedades y empresas).
No hay comentarios:
Publicar un comentario